8-4-2026 | Fuente Agencia Europa Press

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria.

Tras considerar que Alquiler Seguro vulneró los derechos de los consumidores «aprovechando su posición de predominio de mercado», Consumo ha confirmado la multa en firme, poniendo fin a la vía administrativa.

Según ha informado el Ministerio de Consumo, Alquiler Seguro ha incurrido en una sanción grave y seis infracciones muy graves.

Consumo ha sancioado a la inmobiliaria por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; por obligar a los inquilinos a un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora, y por imponer cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario, y cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.

También se le sanciona por introducir una cláusula en el contrato que autoriza a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles, y por excluir el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato de servicio de atención al inquilino.

Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, indicando que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido en el caso de Alquiler Seguro.

El total de la multa asciende a 3,6 millones de euros: una de un millón de euros, otra de 990.900 euros, otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros.

La resolución conlleva, además, a que la inmobiliaria tenga que eliminar las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, la razón social de la persona jurídica responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.